La fecha que se borró: el Código Nacional ya rige en Cancún, pero la justicia familiar se quedó sin calendario

El 20 de octubre, 363 diputados federales votaron a favor de borrar una fecha. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la ley que desde 2023 promete juicios orales, expediente electrónico y pensiones alimenticias resueltas en días, debía regir en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027. La Comisión de Justicia propuso correrla al 1 de abril de 2030; en el pleno, una reserva de Ricardo Monreal la llevó al 1 de julio de 2031. Cuatro años y tres meses más. El PRI votó en contra; el PAN, a favor. La minuta está en el Senado. Mientras el Senado no la apruebe y el Diario Oficial no la publique, la ley vigente sigue diciendo 2027, y conviene no olvidarlo, porque Quintana Roo ya se había amarrado a esa fecha.

Hay que recordar cómo llegó el Código a Cancún. La Constitución, desde la reforma de septiembre de 2017, le quitó a los estados la facultad de escribir sus propias reglas de procedimiento civil y familiar y se la dio al Congreso de la Unión. A los congresos locales les quedó una sola decisión: el cuándo. El transitorio segundo del decreto de 2023 dice que el Código entra en vigor en cada entidad “de conformidad con la Declaratoria que al efecto emita el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado”, sin exceder la fecha límite. El 11 de mayo de este año el magistrado presidente Heyden Cebada Rivas entregó esa solicitud; el 13 se leyó en el pleno y se turnó a la Comisión de Justicia; el 20 se aprobó por unanimidad de los presentes, sin que la prensa registrara un solo debate; el 28 de mayo se publicó como Decreto 240. Siete días de trámite para cambiar la forma en que se litiga el 65 o 70 por ciento de los asuntos del Poder Judicial del estado, según el propio Cebada. El 1 de junio abrió el Juzgado Segundo Civil Oral de Cancún y el nuevo sistema empezó a recibir arrendamientos, hipotecas, cuotas de condominio, usucapiones e interdictos. En septiembre siguió Playa del Carmen; el 9 de noviembre tocará a Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y el sur. Por eso el diputado Rubén Moreira pudo decir en la tribuna de San Lázaro que “ya hay cuatro estados” que hicieron la tarea: Ciudad de México, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.

La pregunta que llegó a esta redacción es si el aplazamiento federal deshace lo que Quintana Roo hizo. La respuesta jurídica es que no, y es importante decirlo con claridad. El transitorio federal fija un techo, no un piso: “sin que la misma pueda exceder” de tal fecha. La declaratoria local es el acto que enciende la vigencia, y ese acto ya se consumó. Lo que la Cámara aprobó cambia el techo, no toca las declaratorias ya emitidas, y una ley posterior no borra actos válidamente realizados bajo la anterior. El propio presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, lo dijo en tribuna: las entidades preparadas podrán aplicar el Código antes. Quien hoy tiene un juicio hipotecario o de arrendamiento en el juzgado oral de Cancún seguirá con las reglas nuevas. Nada de eso se cae.

Lo que sí cambia está en lo que el Decreto 240 dejó sin fecha. La declaratoria de Quintana Roo tiene cuatro etapas y sólo la primera, la civil, trae calendario. La segunda y la tercera son los juicios familiares, de baja y de alta litigiosidad; la cuarta, todo lo demás. Para esas tres etapas el decreto no fijó día: dice que se anunciarán por modificaciones posteriores, según la carga de trabajo de los juzgados, y que todo debe concluir antes del 1 de abril de 2027 porque así lo mandaba la ley federal. Es decir, la única fecha que obligaba al Tribunal a llevar los divorcios, las pensiones y las custodias de Cancún al Código Nacional era la fecha que la Cámara de Diputados acaba de borrar. Y el texto aprobado no incluye ninguna cláusula que proteja lo avanzado. La hubo: la iniciativa del PAN del 22 de septiembre proponía, por escrito, que “en ningún caso la ampliación del plazo podrá utilizarse para suspender, revertir o diferir etapas que ya hayan iniciado”. No pasó al dictamen. Y ya hay precedente de lo contrario: el Congreso de la Ciudad de México modificó su propia declaratoria en mayo de 2025 y corrió un año sus etapas; la Legislatura de Querétaro hizo lo mismo en mayo de 2026. Legalmente, el Congreso de Quintana Roo puede hacerlo mañana con el Decreto 240, y hasta 2031.

Cebada declaró el 16 de octubre que “Quintana Roo mantendrá el calendario establecido” sin esperar al límite federal. Es una buena frase con un hueco: en materia familiar no hay calendario que mantener. Lo que sí hay es un Tribunal que el 10 de septiembre reconoció que le falta personal para los juzgados civiles y familiares y que lanzó una convocatoria para contratarlo; un dictamen federal que afirma, con sello del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que la reforma “no tendría impacto presupuestario”; y un diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo de Hoyos, que calculó en la misma sesión que el sistema necesita diez mil millones de pesos al año para funcionar y que el presupuesto de 2027 no trae un peso. Las salas de audiencia, los secretarios y el expediente electrónico de Cancún no los paga la Federación: los paga un Poder Judicial estatal que gastó 1,022 millones de pesos en 2024 y dictó 1,205 sentencias.

Creemos que el problema de fondo no es la fecha sino la convivencia. Durante lo que puede ser hasta cinco años, en el mismo edificio de Cancún un arrendamiento se tramitará con el Código Nacional y un divorcio con el Código de Procedimientos Civiles de 1981, con dos lógicas distintas de plazos, pruebas y recursos, y con abogados que tendrán que saber las dos. La Suprema Corte lo advirtió esta misma semana al resolver la contradicción de criterios 105/2026: ocho ministros decidieron que el Código Nacional no puede aplicarse en el amparo mientras no esté vigente, porque la coexistencia de sistemas procesales “puede generar incertidumbre”. Si eso vale para los tribunales federales, vale el doble para una familia de Cancún que necesita una pensión.

Nos parece que el Tribunal y el Congreso tienen una decisión que tomar antes de que el Senado vote, no después. El transitorio exige que entre la declaratoria y la entrada en vigor medien como máximo 120 días; si la justicia familiar de Cancún va a entrar en abril de 2027, la modificación al Decreto 240 tendría que emitirse a partir de diciembre. Si no se emite, el silencio será una decisión, y tendrá nombre y fecha: la del día en que Quintana Roo dejó de ser uno de los cuatro estados que hicieron la tarea para esperar, como los otros veintiocho, a 2031.